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sábado, 17 de marzo de 2018

VUESTRA VOZ. Discapacidad: asignatura pendiente



LA HISTORIA DE GERARD. La maleta del TEA

Gerard es un alumno como los demás. Se despierta por las mañanas y unos días más que otros, se viste con ganas de ir al colegio. Ahora ya está en secundaria. Ha recorrido un largo camino en la educación primaria y le toca enfrentarse a los nuevos retos que su adolescencia le irá poniendo por delante. Igual que el resto de sus compañeros. Pero para Gerard las cosas son algo más complejas. Gerard, además de la mochila del cole tiene que cargar con otra maleta: la del TEA o Trastorno del Espectro Autista.
Su escolarización comenzó con tres años, con los apoyos que su peculiaridad requería: una auxiliar en el aula y otros ajustes. Pero al finalizar la etapa de primaria, en el momento de comenzar primero de ESO empezó la verdadera batalla.

Carma Fernández, psicóloga y directora de Fundación Gerard es la tía de Gerard. La Fundación, constituida en 2010 para ver garantizados los derechos de Gerard en la escuela se dedica a dar soporte y orientación a las familias que se encuentran en situación de ver vulnerado su derecho a la educación inclusiva.

“Gerard comenzó su escolarización con apoyos desde el primer momento, tal como dicta la ley. Pero al llegar a sexto de primaria, después de todos esos años en el aula ordinaria junto a sus acompañeros, quisieron trasladarle a un Centro de Educación Especial. Por supuesto, nos negamos y acabamos emprendiendo la vía judicial”.

Según la Ley Orgánica de Educación “La escolarización de este alumnado (*alumnos con discapacidad) en centros de educación especial o unidades sustitutorias de los mismos sólo se llevará a cabo cuando excepcionalmente sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración la voluntad de los padres o tutores”.

Por ello, en 2014 el contencioso que la familia interpuso contra la administración educativa fue ganado. El juez, según nos cuenta Carma, determinó que la educación inclusiva es un derecho humano fundamental. Sin embargo, continúa, la sentencia fue recurrida.
La administración educativa recurrió la sentencia en la que se reconocía el derecho de Gerard a la educación inclusiva, a disfrutar de un derecho fundamental avalado por las leyes internacionales. ¿Qué había detrás de un movimiento tan increíble? El temor a que esta sentencia sentase un precedente”, dice Carma Fernández.
El recurso fue ganado por la familia de nuevo en el Tribunal Superior de Cataluña en 2015, consiguiendo para Gerard la posibilidad de continuar su educación como había hecho siempre, junto a sus compañeros y con sus apoyos en el aula.

Pero el de Gerard no es un caso aislado, continua Fernández: “Ahora mismo entre demandas y solicitudes de ayuda llevamos más de cien casos. Y siguen llegando. Todos tienen en común la vulneración de derechos en las escuelas, la denegación de apoyos o la derivación a Centros Específicos o Aulas Enclave”. La reclamación general y la que más discrepancias está generando entre la administración educativa y las familias es la solicitud de una adecuada educación inclusiva.

LA EDUCACIÓN, LA CLAVE DE LA EXCLUSIÓN 

En el CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad están acostumbrados a ver casos como el de Gerard. Para Carmen Jaúdenes, Responsable de la Comisión de Educación de CERMI el tema está muy claro:

La educación inclusiva debería consistir en una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, principios de normalización, accesibilidad universal… Debería ser un sistema en el que se gestiona la discapacidad en entornos normalizados”.
Este paradigma, que también Campoy defiende en su informe elaborado para UNICEF, está según todos los profesionales a los que hemos consultado, muy lejos de ser una realidad en el sistema educativo español. Muy al contrario; según Campoy la brecha que existe entre las exigencias normativas y la realidad del sistema educativo español lejos de cerrarse cada vez se está haciendo más amplia.
Jaúdenes coincide: “La educación es uno de los factores más importantes a la hora de marcar exclusión”.
Igual que Campoy, la responsable de Educación de CERMI considera que los cambios en el sistema educativo son necesarios y deben materializarse desde el inicio, detectando las necesidades educativas especiales desde el momento más temprano posible. Para Jaúdenes hay otra clave importante en este sentido: la formación del profesorado, la dotación de recursos de apoyo y didácticos con la especialización como punto de partida. “Los techos de competencia personales no pueden ser los que marquen las limitaciones de lo que pueden tener los niños. Los profesores tienen que aprender y adaptarse”.
  
LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA A JUICIO: LAS FAMILIAS DEMANDAN 

Las discrepancias se producen en un terreno muy difícil. Las familias luchan por lo que consideran que es lo mejor para sus hijos, avalados por las normas internacionales de derechos fundamentales. Por eso, cada vez con mayor frecuencia, se acaban resolviendo por la vía judicial. En este momento, los padres y madres suelen estar acompañados y asesorados legalmente. En la red, algunas ONGs ofrecen este apoyo de forma altruista.

SOLCOM, como ellos mismos manifiestan en su web, es una organización no gubernamental, independiente y orientada a dar asistencia legal con la que hacer efectivos los derechos de las personas con diversidad funcional. Según Carmen Ocaña, abogada colaboradora y experta en casos de discriminación escolar, las reclamaciones por vulneración de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad son numerosas. Y dentro de ellas, casi el ochenta por ciento de los casos que solicitan su ayuda, lo hacen por reclamaciones contra situaciones acaecidas en el ámbito de la educación.
La vía de la reclamación es un camino largo y espinoso para las familias, según nos cuenta Ocaña. Todo comienza cuando los padres del alumno afectado se encuentran con que el colegio dispone alguna medida en relación a su hijo y su forma de escolarización. Los padres, tras la conmoción inicial, se niegan a aceptar la medida propuesta: traslado a aula enclave, incorporación a un centro específico de Educación Especial, denegación de apoyos específicos, u otros. Aunque según la ley, la última palabra la tienen los padres, en la realidad son los centros educativos, a través de los inspectores de educación y las Consejerías de Educación quienes promueven que estas medidas se lleven a efecto. Y, tras agotar la vía administrativa, hay que acabar acudiendo a los tribunales.

Para Carma Fernández, de Fundación Gerard “la batalla con la administración es necesaria para dejar constancia, pero es una lucha que no sirve más que para eso y para desgastarse. Lo que realmente tiene eficacia es interponer demandas judiciales contra la administración educativa. Hay que ir con un buen equipo jurídico que defienda el tema y pelearlo en los tribunales. Cada demanda ganada va creando jurisprudencia en el tema de la defensa del derecho a la educación inclusiva real. Si hubiera suficientes demandas, si todo el que tiene una situación así lo hiciese, la administración tendría que mover ficha.
La situación es la misma desde el punto de vista de Carmen Jaúdenes. “Las reclamaciones de las familias son frecuentes. Sobre todo porque uno de los principios que más se vulneran es la libertad de elección de las familias”.

CUANDO LA DISCIMINACIÓN EMPIEZA EN EL AULA

SUn informe de Ignacio Campoy en su estudio sobre los niños y niñas con discapacidad en España, “la educación inclusiva con calidad no implica sólo que los niños y las niñas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación en los centros ordinarios, sino también que puedan ejercer ese derecho en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”.
Para ello, continua Campoy, son necesarios cambios en todo el sistema educativo: diseño para todos, accesibilidad, preparación de profesores y profesionales especializados, atención a las actividades no lectivas y extraescolares, que están muy lejos de ser una realidad en el sistema educativo español. Una transgresión que según el catedrático “supone una violación clara de los principios y normas de obligado cumplimiento”.
Para Carmen Ocaña, “los problemas empiezan en el momento en el que los niños llegan a las aulas. Los profesores no saben qué hacer con ellos, porque no existe una adecuada formación, no cuentan con los apoyos necesarios… El sistema educativo tiene todavía muchos inspectores con una mente obsoleta que se quieren quitar a los niños de enmedio. Y el recurso ideal es sacarlos a las aulas enclave o a los centros de educación especial. Es una forma de agrupar recursos en lugares concretos, lo que va en contra de lo que debería ser: llevar los recursos a donde están los niños, para que puedan permanecer en su entorno habitual”.
Aunque la ley determina que ningún niño puede ser excluido de la admisión en un centro escolar por motivo de su discapacidad, la realidad, según Carmen Jaúdenes es que hay una forma sutil de seleccionar que es la de la concentración de recursos. “No está establecido por norma, pero en la práctica es así. Se acumulan los recursos en determinados centros para hacer que los niños tengan que acudir a ellos. Se propicia que sean los niños los que vayan al recurso cuando lo que debería ser es justamente lo contrario: que el recurso acuda a donde está la necesidad”.
Dice Carmen Fernández, que hay que invertir el orden de pensamiento. “Muchos padres piensan que su hijo no es un niño más y luchan por agruparles. Se tiende a las asociaciones desde las que se buscan apoyos y soluciones. Y para ello se necesitan subvenciones. Y claro, para no perderlas hay que procurar no hacerse notar. Lo que hacen falta no son subvenciones, que se mueven en la vía caritativa, sino respeto a los derechos de los niños y niñas a que sus necesidades sean cubiertas de forma normal, no excepcional”.
Para Fernández, la discriminación empieza por las diferencias que existen entre las propias comunidades autónomas. “Las competencias en educación permiten que en cada comunidad las cosas puedan funcionar de manera distinta creando situaciones de discriminación entre ciudadanos, entre niños con discapacidad del mismo país. Por ejemplo, hay lugares en los que se posibilita la existencia de un auxiliar en el aula para niños que necesiten este apoyo en concreto. Pero en otras no. Y en algunas se permite que determinadas asociaciones sean las que pongan el auxiliar y lo paguen. Esto es ilegal. Los recursos debe ponerlos la administración. Y lo mismo ocurre con muchos otros recursos”.

UNA MALA INTERPRETACIÓN DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: LAS AULAS ENCLAVE 

Las Aulas Enclave son un modelo de escolarización cada vez más extendido en nuestro país, según Carma Fernández. Se trata de Aulas de Educación Especial que se encuentran en centros ordinarios. Para la directora de Fundación Gerard son un modelo muy peligroso de educación porque se consideran herramientas para la inclusión cuando, según la directora de F.Gerard son, claramente, un modelo segregador.
“Hay una tendencia a elevar el número de aulas enclave en los colegios. E incluso se han visto movimientos políticos que tratan de disminuir la ratio de alumnos y profesores en ellas. Es un sistema que puede frenar la educación inclusiva y crear un antes y un después. En ellas nos niños se agrupan dentro de un rango de edad muy amplio, con discapacidades normalmente muy distintas y necesidades también muy diferentes. Y con un solo profesor y un auxiliar, en el mejor de los casos. Los niños se quedan en el aula todo el día, con algún momento de incorporación al aula ordinaria. Incluso para sus compañeros los niños y niñas que acuden a ellas no son unos compañeros más: son los niños del aula enclave. Habitualmente ni comparten comedor, ni actividades extraescolares con ellos. Esto es segregación pura y dura.”

La palabra segregación es una constante en la conversación con las representantes de SOLCOM y FUNDACIÓN GERARD.
Para Carmen Ocaña, abogada de SOLCOM la meta final es la de permitir que cada alumno con diversidad funcional pueda estar en el aula ordinaria con todos los apoyos necesarios. Los padres serán en última instancia quienes deberían decidir cuál es la mejor medida. “A veces es tan increíble la vulneración de los derechos que tenemos casos de niños y niñas que han permanecido sin escolarizar durante años porque la administración se ha negado a permitir a las familias llevar a cabo su derecho a decidir en última instancia. Tenemos incluso el caso de una pequeña que lleva siete años estudiando en su casa por este motivo.”

LA IGUALDAD, DESDE SU BASE

Y la cuestión ya no es solo la que afecta a los niños y niñas que sufren las situaciones de desigualdad por discapacidad. Desde las escuelas, la educación del alumnado general se mueve en torno a criterios de igualdad o discriminación, segregación o inclusión, que serán los que les acompañen toda su vida. Carmen Jaúdenes lo ve muy claro: “Los niños que se educan en colegios en los que ven exclusión o discriminación como algo normal, crecerán en un caldo de cultivo que propiciará que esas actitudes se reproduzcan”.
“Y por el contrario, continua, los niños que hayan crecido con compañeros y compañeras en inclusión real, cuando sean adultos serán capaces de convivir con la diferencia sin problemas, teniéndolos en cuenta por ejemplo, en sus profesiones”.
La formación parece ser uno de los pilares para conseguir todos estos objetivos. Para Jaúdenes, directora de FIAPAS es necesario formar a todo el personal de los colegios en atención a la diversidad, “no solo a los profesores: a los bedeles, al personal de comedor, a los de las actividades extraescolares…Y también a las familias que a veces, son las que generan el rechazo del compañero o compañera de sus hijos.”

El FACTOR ECONÓMICO: LA GRAN TRABA DE LA INCLUSION EDUCATIVA 

Las asociaciones de defensa de los derechos de los niños y niñas con discapacidad siguen exigiendo al gobierno que las pautas marcadas por la Convención de las Personas con Discapacidad se aplique completa y efectivamente a la legislación española. Aunque, según Jaúdenes, se han incorporado algunas cuestiones, queda mucho por hacer. “Hace falta que se asuma ese paradigma de lo que es la Educación Inclusiva de Calidad”. Pero además, hay un importante factor económico. La Responsable de la Comisión de Educación de CERMI cree que no se trata solo de una cuestión de fondos sino también de una cuestión de organización de los recursos. “La visión de los gobiernos siempre es bastante a corto plazo. Pero si se entiende que en el medio/largo plazo esta inversión se traduce en un beneficio, el coste que se estima no sería tan grande”.
Para Carma Fernández hay en juego además, un factor ideológico, aunque el de mayor peso es el económico. “La discapacidad genera mucho dinero. La segregación educativa es la base de los pisos tutelados, instituciones residenciales, centros de día…que están en manos de en su mayoría de entidades privadas o concertadas”.

Para la directora de la Fundación Gerard el planteamiento debería ser totalmente distinto. Diametralmente opuesta al funcionamiento a través de subvenciones y ayudas, Carma Fernández propone un sistema diferente desde el que cubrir las necesidades y derechos de los niños y niñas con discapacidad. “Apostamos por un diseño económico universal. Se trata de planificar las partidas presupuestarias pensando en todos y todas. No hay que hacer partidas especiales, sino tener en cuenta todas las necesidades desde el principio. Poniendo un ejemplo a pequeña escala: Si contemplas que en una actividad escolar pueden participar todo tipo de niños o niñas, incluidos los que tienen alguna diversidad funcional, crearás el presupuesto contando con la incorporación de los apoyos que serían necesarios, como un auxiliar de apoyo y ese gasto sería absorbido por el presupuesto general, sin necesidad de una partida especial. Sería la propia sociedad la que absorbería el coste y eso lo haría sostenible. Pues eso mismo se puede realizar a nivel general”.

Cuatro años después de la publicación del Estudio de la Situación de los Niños y Niñas con Discapacidad en España, las reivindicaciones parecen ser las mismas. Las diversas plataformas, agrupaciones, fundaciones y asociaciones que trabajan por el cumplimiento de sus derechos fundamentales sienten que continúan en la misma batalla. Las familias tienen que seguir entablando su lucha de forma particular. Y UNICEF, con más de 146.000 firmas recogidas, continúa solicitando un gran Pacto de Estado por la Infancia que involucre a todas las fuerzas sociales involucradas: niños, niñas, familias, partidos políticos, sindicatos y administraciones públicas, para conseguir “avanzar en la aplicación de los derechos del niño, contra la pobreza infantil y en la igualdad de oportunidades”.

Parece que, por el momento, en las calificaciones de fin de curso, el aprobado de la educación inclusiva de calidad en España va a tener que esperar a la repesca.

Fuente: Montse Vázquez. Diario 16

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